Más de la mitad de las personas mayores en Venezuela continúa trabajando, pero ocho de cada diez reconocen que lo que entra cada mes no alcanza para cubrir lo que sale. Ese choque entre una vejez activa por obligación y una economía que no sostiene a quien ya cumplió su vida laboral resume el retrato levantado por la organización Convite para 2025.
La medición se hizo con 1.803 ciudadanos mayores de 60 años consultados en 19 ciudades y zonas regionales del país. Según esos resultados, 55% permanece ocupado, ocho puntos por encima de lo registrado el año anterior. De ese universo, casi una cuarta parte, 23%, obtiene su sustento en la informalidad, mientras 53% afirma que el total de sus entradas ronda los 100 dólares mensuales.
La consecuencia más inmediata aparece en la mesa. Más de la mitad de los consultados, 52%, confirmó que achicó las raciones que sirve en casa, un aumento de cinco puntos frente a 2024, y 73% admitió que debió sustituir productos por otros de menor calidad porque el dinero no daba para más. Para una población que depende de una dieta estable por razones de edad, el ajuste no es un ahorro: es un deterioro.
El golpe también se siente en los centros asistenciales. Nueve de cada diez entrevistados acuden a la red pública y 62% asegura que allí no encuentra ni el personal ni los materiales necesarios para una atención adecuada. El mismo porcentaje señala obstáculos para conseguir sus medicinas por falta de recursos, lo que deja tratamientos interrumpidos y enfermedades sin control.
El contexto agrava la fragilidad. Convite calcula que entre 350.000 y 420.000 mayores residen sin compañía en el país. Esa cifra se conecta con lo hallado por la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, según la cual 35% de las viviendas está conformado solo por parejas de edad avanzada o por una persona mayor sin acompañantes, una situación que multiplica los peligros de aislamiento, descuido, abandono y pérdida de autonomía. A ello se suma que ya hay 51 mayores por cada 100 niños menores de 15 años, señal de un envejecimiento acelerado de la población.
Detrás de esas casas sin relevo aparece la migración. Cerca de 7,9 millones de venezolanos salieron del territorio durante la última década, de acuerdo con organismos de Naciones Unidas, y esa partida masiva redujo la disponibilidad de familiares que pudieran cuidar y acompañar. Numerosos hogares quedaron con apoyos parciales o sin nadie que asuma el cuidado diario.
El origen de la precariedad está en el derrumbe de los ingresos fijos bajo la dictadura. La pensión equivale al salario mínimo, fijado en 130 bolívares, una cifra inferior a los 20 centavos en moneda estadounidense, y el bono adicional entregado por el chavismo no llega a los 100 dólares. La propia organización estima que una persona mayor requeriría entre 450 y 500 dólares solo para comer y más de 1.200 dólares para vivir con dignidad, montos imposibles para jubilados sin entradas extra, obligados a sostenerse con ayuda de parientes, aportes oficiales, donativos o empleos ocasionales, con la alimentación y la salud como áreas más golpeadas.
