Diecinueve personas murieron y decenas resultaron heridas por disparos el 11 de abril de 2002 en Caracas. La cifra marcó una jornada decisiva para Venezuela: la violencia en las calles precedió la ruptura institucional que apartó temporalmente a Hugo Chávez del poder y profundizó la confrontación política iniciada con el chavismo.
Los hechos ocurrieron en medio de la oposición de parte del país a un paquete de leyes habilitantes que Chávez había aprobado para concentrar mayores facultades. La movilización avanzaba por la avenida Baralt, en dirección a una zona próxima al Palacio de Miraflores, mientras la tensión entre el Gobierno y sus adversarios escalaba.
Desde una azotea, la periodista Delvalle Canelón observó a varios hombres vestidos de civil y con armas de fuego que atacaban a la multitud. Los pistoleros, afines al Gobierno, actuaron desde el puente Llaguno para defender los alrededores de la sede presidencial a balazos.
Más de dos décadas después, la exigencia de justicia por las víctimas llegó esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El tribunal juzga ahora el caso relacionado con aquella jornada, en la que los fallecidos y heridos quedaron atrapados en uno de los episodios más graves de la convulsión política venezolana de comienzos de siglo.
La secuencia de ese día no terminó con los disparos. Las muertes y las numerosas lesiones de bala se convirtieron en el antecedente inmediato del golpe de Estado contra Chávez. El mandatario perdió la Presidencia, pero volvió a ocuparla dos días después.
El caso que examina la Corte IDH conecta así dos dimensiones de la crisis: la actuación de civiles armados identificados con el oficialismo en las inmediaciones de Miraflores y las consecuencias políticas que siguieron a la violencia. El proceso interamericano coloca nuevamente en el centro a quienes murieron o sobrevivieron con heridas.
La comparecencia ante el tribunal también prolonga una demanda que ha atravesado más de 24 años sin desaparecer del debate público. No se trata únicamente de revisar el contexto del fallido desplazamiento de Chávez, sino de abordar el reclamo pendiente por las personas alcanzadas por los disparos durante la movilización.
La intervención de la Corte IDH abre una nueva etapa para esclarecer judicialmente aquel episodio. Su resultado tendrá implicaciones para la búsqueda de justicia de las víctimas y para la forma en que se establezcan las responsabilidades por la violencia del 11 de abril de 2002.
