Mientras compañías vinculadas a Jorge Giménez habrían obtenido petróleo venezolano con descuentos de hasta 40% frente a la cotización internacional, PDVSA acumuló cuentas pendientes superiores a 1.560 millones de dólares. Ese contraste constituye el núcleo de una investigación de Cuentas Claras Digital sobre operaciones reservadas para empresarios conectados con la cúpula de la dictadura.
Giménez preside la Federación Venezolana de Fútbol y es señalado como un hombre de absoluta confianza de Delcy Rodríguez. Su imagen pública, asociada con lujos, encuentros deportivos y fotografías junto a figuras de alto perfil, contrasta con la estructura corporativa opaca que el medio especializado ubica detrás de sus negocios petroleros.
La consecuencia para la estatal habría sido el despacho de cargamentos sin cobro efectivo ni respaldo financiero suficiente. Según los documentos citados por la investigación, PDVSA no exigió cartas de crédito o garantías bancarias, mientras las obligaciones vencidas terminaban convertidas en deudas consideradas incobrables.
El entramado habría funcionado mediante Panglobal Energy SMC LTD., Ripple Oil Trading LTD. y Hong Xing Energy LTD., sociedades establecidas en jurisdicciones distantes como Uganda y China. Estas firmas recibían asignaciones directas de crudo y operaban con tanqueros de la denominada “flota oscura” para colocar los barriles en mercados internacionales.
Ese mecanismo permitía que las intermediarias revendieran el petróleo y conservaran el margen generado por las rebajas, mientras los pagos circulaban hacia cuentas sin transparencia. El resultado descrito por Cuentas Claras Digital es un patrón de despachos no cobrados y recursos públicos desviados, todavía sin investigación de las autoridades judiciales venezolanas.
La cercanía de Giménez con la estructura de poder habría actuado como protección pese a los escándalos de corrupción que han golpeado a la industria y a las promesas oficialistas de sanear PDVSA. En una Venezuela afectada por el deterioro económico y el colapso de los servicios públicos, el principal negocio estatal continuaría sirviendo a operadores privilegiados por sus nexos políticos.
La documentación también desmonta el discurso con el cual el chavismo atribuye la situación financiera exclusivamente a las sanciones. Los descuentos desproporcionados, la ausencia de controles y las facturas impagas muestran, según el reportaje, cómo el patrimonio nacional quedó expuesto a decisiones discrecionales sin rendición de cuentas. Una publicación de Iván Simonovis difundió el caso en Instagram.
La consecuencia final es la consolidación de un modelo en el que la influencia dentro del poder pesa más que las reglas contables, mientras sus protagonistas permanecen impunes. El caso plantea la necesidad de auditar los recursos y determinar responsabilidades. En el origen del conflicto aparece la llamada “Ley Antibloqueo”, utilizada por la dictadura para eludir controles fiscales y mantener en secreto operaciones que facilitaron las asignaciones directas a la red ligada a Giménez.
