Comprender las reglas europeas no fue el principal obstáculo para las entidades participantes; convertirlas en controles internos que funcionen sí lo fue. Ese contraste resume la conclusión central del primer banco de pruebas español dedicado a comprobar, en condiciones controladas, cómo se adaptan los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo a las exigencias comunitarias.
Durante más de un año fueron examinados once modelos vinculados con productos sanitarios, empleo, biometría, maquinaria, infraestructuras críticas y acceso a servicios. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial reunió los resultados en un informe al que tuvo acceso EFE. La experiencia, primera de este tipo desarrollada en Europa, llevó las obligaciones regulatorias desde el plano teórico hasta su aplicación concreta.
El ejercicio mostró que las mayores dificultades aparecen al establecer la gestión de riesgos, ordenar la gobernanza de los datos y garantizar una intervención humana adecuada. También exigieron especial esfuerzo la preparación de documentación técnica, el tratamiento de incidentes y la vigilancia de los sistemas después de su salida al mercado.
El piloto incorporó organizaciones de distintos tamaños. Airbus Operations y Adevinta Jobs participaron entre las grandes empresas; Veridas Digital Authentication Solution y Bit&Brain Technologies, entre las medianas; y Herta Security e Imotion Analytics, entre las pequeñas. También intervinieron las startups Tucuvi Care, Made Of Genes, Dedomena Artificial Intelligence y Shakers Global Solutions, además de la Fundación Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Galicia.
Los resultados indican que la carga de adaptación no depende principalmente de las dimensiones de cada entidad, sino del grado de madurez y la complejidad de la tecnología evaluada. Por ello, el documento considera necesarias guías de interpretación, plantillas, instrumentos prácticos y asistencia especializada que permitan cumplir las reglas sin bloquear la innovación.
Algunos proyectos recibieron respaldo técnico de Google Cloud, Indra, InfoJobs, BBVA o Genomcore, mientras un grupo de especialistas independientes aportó asesoramiento. La experiencia también evidenció la necesidad de mantener una supervisión continua y mejorar la coordinación entre compañías, expertos, administraciones públicas y las autoridades supervisoras que operarán en el futuro.
Como consecuencia, el informe atribuye a estos entornos controlados capacidad para disminuir la incertidumbre regulatoria. El ensayo ya sirve como referencia para otros países y, de acuerdo con el documento, sitúa a España entre los Estados más adelantados en la aplicación y la gobernanza práctica de una IA ética y confiable.
El origen de estas exigencias está en el Reglamento Europeo de IA, considerado el primer marco integral mundial para regular esta tecnología. Aunque buena parte ya está vigente, su despliegue continuará de manera gradual hasta 2028. La norma establece cuatro categorías según el riesgo, desde usos completamente prohibidos hasta aplicaciones de riesgo mínimo. Para las infracciones muy graves, las sanciones pueden llegar a 35 millones de euros; las graves, incluidas vulneraciones relacionadas con sistemas de alto riesgo, pueden alcanzar 15 millones. Estos últimos fueron precisamente los sometidos al banco de pruebas español.
