Denny Ramón Zavala Ollarve enfrenta una condena de 22 años y cuatro meses de cárcel por extorsión agravada y asociación agravada para delinquir. El juez José Antonio García Morán lo declaró inocente de secuestro agravado, financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de fuego y obstrucción a la libertad de comercio, pero lo sentenció por los otros dos cargos pese a que no fueron presentadas armas, bienes ilícitos, cuentas, comunicaciones con la banda ni antecedentes policiales.
El expediente comenzó tras las amenazas denunciadas por el empresario López Lois. Según su versión, el 17 de noviembre de 2021 recibió mensajes enviados desde números con códigos de Colombia y Perú. El remitente, identificado como Darwin José Zavala Ollarve, alias El Rayao, reclamaba una “vacuna”. En abril de 2022, Amauri lo habría contactado desde Chile para advertirle que el cabecilla quería asesinarlo porque se había negado a pagar.
Otra víctima, identificada como Longi, relató que tres hombres armados interceptaron a su familia en noviembre de 2021, lo golpearon y exigieron 20.000 dólares junto con una escopeta. Aseguró que una voz atribuida a El Rayao ordenó entregar el dinero a Denny Ollarve. Sin embargo, López Lois nunca reportó llamadas o mensajes procedentes de Denny. Zavala sostuvo que el empresario lo acusó después de ser señalado como autor intelectual del presunto sicariato de su madre, Gladys Zavala.
El 8 de julio de 2022, la fiscal provisoria Miriam Lima Bernal, de la Fiscalía 69 de Antiextorsión y Secuestro, pidió detener a once personas. Denny Zavala no estaba entre ellas. Aun así, una orden fechada el 22 de julio terminó incluyéndolo. Un análisis telefónico elaborado por el inspector agregado Jerthons Chacón le atribuyó cinco líneas, pero el documento no explicó de dónde provenía esa asociación.
La investigación policial también se apoyó en recorridos realizados el 27 de mayo de 2022 por el detective Adonay Cordero, el comisario Jean Vásquez y Chacón en Morón y la carretera Morón-San Felipe. Cordero afirmó que habitantes señalaron a varias personas como colaboradores del grupo, aunque nadie fue identificado formalmente ni declaró en el expediente. La detective Enyerbth Sevilla confirmó después que las quince personas mencionadas carecían de registros policiales, y tampoco se consignaron pruebas contra ellas.
El 29 de julio de 2022, la Policía Nacional mató en el sector Covetra de Morón a El Rayao y a otros tres presuntos miembros de su organización. Ese día, Denny, empleado de Pequiven durante 16 años, fue citado a Puerto Cabello para reconocer el cadáver de su hermano y aportar información sobre el asesinato de su madre. Al presentarse, quedó detenido. Los funcionarios registraron el procedimiento como flagrancia, aunque él había acudido por solicitud policial.
Ya en la sede del CICPC ubicada en la Plaza de Toros de Valencia, el encargado de reseñarlo le indicó que no aparecía solicitado, según declaró Zavala. El inspector Juan Antoima respondió que era hermano de El Rayao. Para la defensa, esa expresión reveló el verdadero fundamento del caso: castigar un vínculo familiar que no constituye delito.
Durante el juicio iniciado el 17 de junio de 2023, los abogados denunciaron que el expediente carecía de orden de inicio y que el tribunal había emitido una captura sin petición previa del Ministerio Público. También recalcaron que no hubo incautación ni experticia de armas y que el teléfono decomisado no contenía intercambios directos entre Denny y Darwin. El primer juez del proceso, José Macsimino Márquez García, fue detenido posteriormente por un caso de extorsión.
Denny aseguró ante el tribunal que perdió la libertad por las acciones atribuidas a su hermano. Se describió como padre de familia, trabajador con más de 16 años de servicio y sin historial delictivo. Su condena expone nuevamente la indefensión frente al aparato judicial de la dictadura venezolana: una estructura capaz de convertir el parentesco y versiones policiales sin respaldo material en décadas de prisión.
