El derecho de voto permanece suspendido para los españoles que viven fuera del país y consiguieron la nacionalidad mediante la denominada ley de nietos. La medida, adoptada por el Tribunal Supremo dentro de un procedimiento cautelar, alcanza a más de 163.000 personas registradas en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero.
La decisión se encuentra todavía en una fase en la que los afectados pueden plantear sus argumentos ante el alto tribunal. El Supremo abrió este lunes un plazo de cinco días para que las personas incluidas en la medida expongan las alegaciones que consideren pertinentes frente a la suspensión.
El caso afecta específicamente a quienes reúnen dos condiciones: residir fuera de España y haber accedido a la nacionalidad a través de la norma conocida como ley de nietos. La información disponible no precisa cuánto tiempo permanecerá vigente la suspensión ni anticipa cuál será la resolución definitiva del tribunal una vez examinadas las posiciones presentadas.
El procedimiento cautelar será, por tanto, el escenario en el que se escuchen las objeciones de un colectivo que supera las 163.000 personas. Su inscripción en el censo electoral exterior no evita, por el momento, que la decisión del Supremo limite el ejercicio de su voto mientras continúa la tramitación judicial.
En este contexto, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos, identificado también por las siglas Cedeu, decidió intervenir. La asociación argentina se personó este jueves ante el Tribunal Supremo para participar en el expediente relacionado con la suspensión de los derechos electorales de estos ciudadanos.
La incorporación de Cedeu supone que una organización vinculada con descendientes de españoles pasa a formar parte del procedimiento durante el periodo concedido para formular alegaciones. La asociación centra su actuación en la situación de los nacionalizados mediante la ley de nietos que residen en el extranjero y están incluidos en el censo correspondiente.
La reacción de la entidad se produce tres días después de que el Supremo fijara el plazo de cinco días para escuchar a quienes resultan afectados por su determinación. El paso dado este jueves permite a Cedeu comparecer formalmente ante el tribunal dentro de esa tramitación cautelar.
Mientras se reciben las alegaciones, la suspensión continúa afectando a más de 163.000 electores en el exterior. El desenlace dependerá de lo que resuelva el Tribunal Supremo tras considerar los planteamientos incorporados al procedimiento, sin que la información disponible detalle aún una fecha para esa decisión.
