El tramo que más puntos otorga en la evaluación de los aspirantes al Tribunal Supremo es también el más discrecional: la entrevista personal.
Ese dato significa que, más allá de títulos, sentencias o años de ejercicio, la suerte de un candidato podría definirse en una conversación donde no hay parámetros cerrados, preguntas iguales para todos ni evaluadores plenamente identificados. Para quienes vigilan el proceso, allí se abre una puerta a la arbitrariedad y a decisiones difíciles de auditar por la ciudadanía.
El otro dato que concentra las críticas es el desequilibrio entre trayectorias. El esquema concede amplio reconocimiento a quien pasó por juzgados, cargos estatales o puestos de dirección universitaria, mientras deja en segundo plano el litigio independiente. En la práctica, un abogado con larga carrera fuera del Estado competiría en desventaja frente a un funcionario de la dictadura chavista que acumuló años dentro del aparato.
El acontecimiento principal ocurrió este lunes 2 de noviembre, cuando el Comité de Postulaciones Judiciales difundió el baremo para calificar a los postulados al Tribunal Supremo de Justicia. La instancia está integrada por once diputados y doce voceros de la sociedad civil y, por primera vez en 27 años, hizo públicos los criterios con los que se medirá a los aspirantes a togados.
Bajo la dictadura chavista instalada en 1999 jamás se habían divulgado las reglas para nombrar a los miembros del máximo juzgado. Después de la caída de Nicolás Maduro, capturado junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero, se abrió lo que diversos actores llaman un nuevo momento político, con una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición que ya pactó la renovación completa del tribunal.
La organización Acceso a la Justicia valoró la publicación como un paso hacia la luz, pero pidió corregir el diseño para garantizar equilibrio. Advirtió que se suman puntos por permanencia en la judicatura sin examinar con rigor la calidad de los fallos, el resguardo de los derechos humanos ni la autonomía mostrada ante el poder. Esa omisión, subrayó, inquieta de manera especial porque la justicia penal y el Supremo operaron como parte del engranaje represivo de la dictadura.
La misma organización alertó que ese enfoque puede inclinar la balanza hacia ciertos recorridos institucionales en perjuicio de otras vías previstas en el artículo 263 de la Constitución, en particular el ejercicio libre. Frente a la entrevista como factor decisivo, propuso fijar puntajes concretos por cada destreza evaluada, aplicar preguntas y casos equivalentes a todos, dar a conocer quiénes interrogan y publicar tanto las audiencias como sus resultados.
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, consideró que la tabla es insuficiente para medir lo esencial en un futuro magistrado, porque acumular diplomas, escritos o antigüedad no prueba rectitud. Reclamó ponderar la solidez de las actuaciones anteriores, la honestidad, los conflictos de interés, los nexos que puedan lastrar el criterio propio y, sobre todo, la conducta mantenida ante el poder público. En contraste, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, celebró que juristas de trayectoria y compromiso democrático se hayan postulado y sostuvo que, si la selección culmina apegada a la norma, con transparencia y vigilancia ciudadana, marcará un hito para rescatar el Estado de derecho; si no se corrigen los sesgos, el riesgo es estrenar baremo y repetir sumisión.
