No habría más impuestos y el bolsillo de la gente de a pie quedaría intacto, prometieron en campaña Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo; meses después, ya instalados en la Casa de Nariño, ambos impulsan una Ley de Rescate Económico que plantea nuevas cargas y desata una tormenta política.
El proyecto transita entre dos bloques enfrentados. De un lado, sectores políticos y sociales que aceptan la necesidad de un rescate fiscal, aunque piden ajustes al articulado antes de darle vía libre. Del otro, una oposición que cuestiona con dureza la iniciativa y advierte que el peso terminará sobre la clase media, ya golpeada por el costo de la vida.
La consecuencia más visible está en la discusión pública. En redes sociales circulan fragmentos de intervenciones de la campaña en las que los ahora gobernantes descartaban cualquier aumento de la carga tributaria, y esos videos se usan para señalar una contradicción flagrante. La crítica central es que el discurso electoral ofrecía alivio y la propuesta actual impone sacrificios a los mismos ciudadanos a quienes se prometió proteger.
En medio de ese contexto, el vicepresidente Restrepo salió a responder los señalamientos. Reconoció que la promesa existió y que hoy la realidad es distinta, pero atribuyó el cambio a un panorama fiscal que, según afirmó, no conocían en su verdadera dimensión cuando estaban en proselitismo. Dijo que el Ejecutivo anterior ocultó gastos y maquilló la situación de las cuentas públicas.
Las consecuencias de ese hueco, explicó, son inmediatas y graves. Al revisar las cifras dejadas por la administración de Gustavo Petro, el nuevo equipo encontró que no había dinero suficiente para garantizar pagos básicos del funcionamiento estatal, desde los salarios de los funcionarios hasta las pensiones, pasando por los recursos para la salud y la defensa. Sin esos fondos, advirtió, el país quedaría expuesto a una parálisis en áreas sensibles.
Frente a ese escenario, el Gobierno asegura que prefirió asumir el desgaste antes que evadir la decisión. Restrepo sostuvo que enfrentan un desafío de una magnitud inédita para una administración y que optaron por dar la cara para explicar al país lo que consideran necesario. Admitió que la medida no es fácil ni popular, pero insistió en que el costo político es preferible al colapso de las finanzas.
El desenlace ahora depende del Congreso, donde la ley deberá ser debatida y votada, y del acompañamiento ciudadano que el vicepresidente pidió de forma explícita. El origen de todo el choque, según la versión oficial, está en ese punto de partida heredado: un Gobierno anterior que, afirman, fue mentiroso en sus cuentas y escondió compromisos que hoy obligan a pedir nuevos impuestos para sostener salarios, pensiones, salud y defensa.
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