Veintiún años han transcurrido desde que Lydia Cacho emprendió una batalla judicial para exigir responsabilidades por la detención arbitraria y las torturas que sufrió después de revelar una red de pederastia vinculada con empresarios y políticos mexicanos. El prolongado proceso se ha convertido en uno de los casos más relevantes para la libertad de expresión en América Latina.
La comunicadora sostiene que fue víctima de graves abusos, incluida tortura sexual, como represalia por la publicación en 2004 de su libro Los demonios del Edén. Pese a la violencia ejercida para intimidarla, Cacho aseguró el lunes que quienes intentaron callarla no consiguieron su objetivo y expresó su esperanza de obtener finalmente una sentencia.
El acontecimiento central tendrá lugar este martes 20 de octubre en México, cuando Cacho se enfrente en audiencia con Mario Marín Torres. El proceso penal busca determinar la responsabilidad del exgobernador de Puebla, acusado de haber ordenado presuntamente la captura y tortura de la periodista para silenciarla en 2005.
Marín, conocido como el “gober precioso”, gobernó Puebla a comienzos de la década de 2000 y fue señalado en distintas tramas de presunta corrupción. Permanece encarcelado desde 2021 por supuestamente haber facilitado una red dedicada a la trata de menores de edad.
El origen del caso se remonta a la detención de Cacho en Cancún por agentes de la Fiscalía de Puebla. La actuación respondió a acusaciones de difamación y calumnia formuladas por personas mencionadas en su libro. Durante el traslado por carretera desde la ciudad caribeña hasta Puebla, la periodista fue sometida a agresiones físicas y psicológicas, de acuerdo con su testimonio.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reconoció que la detención había sido arbitraria y que agentes del Ministerio Público torturaron a Cacho. Esa resolución internacional llegó trece años después de los hechos denunciados.
La audiencia ocurre pocos días después de que Rocha Laureano, excomandante de la desaparecida Policía Judicial de Puebla, saliera de una cárcel de Cancún, en Quintana Roo. Había recibido una pena de cinco años y seis meses por torturar a la periodista. Estaba privado de libertad desde el 4 de diciembre de 2018, y un juez resolvió que el período cumplido antes de la sentencia completaba la totalidad del castigo.
Artículo 19, organización que ha brindado acompañamiento jurídico a Cacho durante más de 15 años, precisó que esa excarcelación no fue una absolución ni significó que Rocha Laureano fuera declarado inocente. También pidió respaldo para la periodista durante la audiencia contra Marín.
El desenlace tendrá implicaciones que van más allá de una responsabilidad individual: pondrá a prueba la capacidad de la Justicia mexicana para sancionar el uso del poder político contra una periodista y responder, después de más de dos décadas, a un ataque dirigido a castigar investigaciones sobre abusos contra menores y restringir la libertad de expresión.
