Venezuela apenas dispone de unos 12.000 megavatios de generación eléctrica, aunque necesita 15.000 MW para atender la demanda nacional. La brecha de 3.000 MW resulta más grave porque el país conserva una capacidad instalada calculada entre 32.000 y 35.000 MW, buena parte de ella inutilizada.
Ese déficit ha multiplicado los cortes sin aviso, algunos superiores a 20 horas. Durante 2026, la falta de electricidad figura entre las principales causas de más de 4.000 protestas registradas en distintos estados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Hogares, escuelas y comercios padecen racionamientos diarios.
Fedecámaras advirtió hace dos semanas que las interrupciones se convirtieron en la mayor traba para la productividad y la expansión económica. En el segundo trimestre, las horas efectivamente productivas se redujeron a casi la mitad de las 488 horas laborales reportadas.
La emergencia amenaza ahora el acuerdo petrolero entre Washington y Caracas, calificado por el presidente Donald Trump como el mayor de su tipo. José Aguilar, ingeniero y consultor internacional en electricidad, advirtió que la situación puede empeorar si la dictadura no actúa con rapidez y mantiene el hermetismo sobre las condiciones reales de la infraestructura.
Aguilar sostiene que los primeros diez meses de 2026 registraron el mayor nivel de racionamiento desde 2007. El deterioro, profundizado tras el apagón nacional del 7 de marzo de 2019, también alcanza al complejo hidroeléctrico integrado por Guri, Caruachi y Macagua. Según el experto, el nivel de Guri mantiene una tendencia preocupante a la baja que no atribuye al anunciado Súper Niño.
A finales de agosto, una avería grave sacó de servicio la máquina 17 de la central hidroeléctrica y restó 1.200 MW a la generación del Bajo Caroní. Aguilar aseguró que las autoridades ignoraron advertencias previas. Guri continúa sobreexigido incluso cuando está lleno y conserva equipos esenciales inoperativos.
La dictadura anunció el 29 de septiembre que incorporaría 1.300 MW termoeléctricos durante el último trimestre de 2026. Para Aguilar, la cifra no cubre siquiera la mitad del déficit. El plan oficial contempla 600 MW en Planta Centro, situada en Carabobo, y otros 500 MW disponibles en Termozulia. Técnicos también han detectado fallas y un margen reducido para responder ante contingencias.
El problema repercute directamente en la industria petrolera, que recibe el 4,2% de la energía y requiere gasoil y gas natural para su propia generación termoeléctrica. Su demanda oscila entre 1.200 y 1.700 MW. Las limitaciones eléctricas dificultan alcanzar la meta de 1,3 millones de barriles diarios, pese al ligero aumento de la producción de crudo.
Aguilar duda que los memorandos y acuerdos suscritos por Corpoelec con compañías internacionales avancen a la velocidad necesaria. Afirmó conocer quejas de empresas estadounidenses por la falta de transparencia y condiciones adecuadas, obstáculos que también afectan los contratos petroleros.
La OFAC emitió en septiembre la Licencia General N.º 48D, que autoriza bienes, tecnología, software y servicios para generación, transmisión y distribución de electricidad. La Licencia General N.º 49B permite preparar inversiones nuevas en petróleo y energía. Recuperar el servicio eléctrico forma parte de las exigencias del plan de Trump para Venezuela.
El consultor atribuye la crisis al despilfarro de miles de millones de recursos durante más de dos décadas de chavismo y al mantenimiento casi inexistente de las redes. También señaló la responsabilidad de figuras del régimen, incluida Delcy Rodríguez, actual jefa encargada, por su intervención en el sistema y sus contratos desde los cargos que ocupó a partir de 2007. Aguilar afirmó que ella estuvo en Guri durante el colapso de 2019.
Rodríguez anunció el 14 de octubre una reforma de la Ley de Servicio Eléctrico para abrir todos los procesos a la participación privada y dijo que negociaba otros 44 acuerdos petroleros. Sin embargo, los préstamos para recuperar el servicio no se han concretado. Para Aguilar, ni el calor ni otros fenómenos climáticos explican el desastre: mientras persistan la opacidad, las leyes distorsionadas y la ineficiencia de la dictadura, los apagones amenazarán tanto la vida cotidiana como cualquier expansión petrolera.
