La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General quedaron llamadas a revisar diez contratos estatales de Deicy Jiménez, en medio de una controversia que también trasladó al Congreso los cuestionamientos contra Gustavo Petro y contra las dirigentes del petrismo que se identifican como feministas.
El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, criticó este 27 de octubre de 2026 la falta de pronunciamientos de las mujeres del Pacto Histórico frente a las denuncias de Jiménez. El congresista sostuvo que esperaba encontrar en el Capitolio una movilización con pañuelos verdes en respaldo de la joven.
Arizabaleta preguntó por qué no se estaba aplicando en este caso la consigna de creerles a las denunciantes. En una publicación en X afirmó que las dirigentes guardaban silencio porque Petro era el señalado y calificó esa conducta como una muestra de “doble moral”. También aseguró que, si el involucrado fuera un presidente de derecha, las feministas del Pacto Histórico estarían promoviendo protestas en todo el país.
El representante las acusó de actuar para proteger al expresidente y cuestionó si su prioridad era realmente la defensa de las mujeres. Según manifestó, mientras avanzaba la polémica en Colombia, ellas habían centrado su atención en la elección de Lula en Brasil.
En el plano institucional, la concejal de Bogotá Sandra Forero informó que presentó actuaciones ante los dos organismos de control para solicitar el examen de diez contratos de prestación de servicios celebrados por Jiménez con entidades públicas durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
Forero explicó en una entrevista con SEMANA que su equipo consultó los registros públicos de contratación. De acuerdo con esa revisión, Jiménez suscribió siete contratos con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Los diez estarían relacionados con actividades de apoyo a la gestión.
Entre los documentos señalados por la cabildante aparece un contrato del Ministerio del Interior por 30.457.000 pesos, con vigencia registrada desde el 30 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Su objeto incluye respaldar a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana mediante tareas vinculadas con la consolidación de informes.
La revisión surgió después de que Jiménez relatara presuntos hechos correspondientes al período en que Petro ejerció primero como senador y luego como presidente de Colombia. La joven afirmó que supuestamente recibió contratos a cambio de mantener relaciones sexuales con él, señalamiento que detonó las exigencias de investigación y la confrontación política.
Hasta ahora, la información disponible no establece que esos contratos fueran otorgados como contraprestación sexual ni determina responsabilidades de Petro o de funcionarios públicos. Queda pendiente que las autoridades competentes evalúen la documentación, decidan si abren investigaciones y esclarezcan si existe alguna relación entre las contrataciones y los hechos denunciados por Jiménez.
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