La Ley del Trabajo promulgada en 2012 restableció la retroactividad de las prestaciones sociales, calculadas a partir del último sueldo recibido por cada empleado. Ese esquema mantiene a los patronos sin certeza sobre el costo final de una liquidación, especialmente bajo un sistema cambiario diferencial y con una inflación anual superior al 500%, según explicó un empresario involucrado en las conversaciones.
El deterioro salarial agravó las distorsiones. El salario mínimo permanece fijado en 130 bolívares desde 2022 y actualmente representa menos de 20 centavos de dólar. Esa cantidad continúa siendo la referencia para determinar los pasivos laborales, pese a que la dictadura chavista implantó un denominado ingreso mínimo integral mediante bonificaciones de hasta 240 dólares mensuales.
Organizaciones sindicales y gremiales sostienen que esos pagos son discrecionales, desordenados y no llegan a todos los potenciales beneficiarios. También denuncian el desmantelamiento de las convenciones colectivas y de la seguridad social. Aunque el propio oficialismo incumple la legislación, se ha resistido a reformarla por el costo político de desmontar parte del legado de Hugo Chávez.
En ese contexto, la administración de Delcy Rodríguez prepara junto con empresarios y las cinco centrales sindicales del país una “ley de consensos laborales”. La iniciativa modificaría en la práctica las relaciones entre empleadores y trabajadores y desplazaría la aplicación de la norma firmada por Chávez, aunque sin derogarla ni reformarla directamente.
Una fuente empresarial conocedora del proceso describió el proyecto como una especie de “Frankestein”, porque el chavismo pretende atender el problema de los ingresos sin reconocer los errores de su legislación laboral. La fórmula permitiría elevar las remuneraciones evitando los efectos de unos cálculos de prestaciones diseñados cuando el petróleo se cotizaba en 100 dólares por barril.
Chávez firmó la ley en abril de 2012 y ese mismo día, visiblemente emocionado, anunció que viajaría a Cuba para continuar el tratamiento contra el cáncer. La enfermedad causó su muerte en marzo de 2013. Desde entonces, la cúpula gobernante ha evitado revisar una norma convertida en símbolo político del llamado legado del comandante.
Un representante de los trabajadores que participa en la mesa aseguró que se aproxima una recuperación gradual del salario y de sus incidencias laborales. El dirigente también afirmó que Rodríguez —a quien llamó “presidenta encargada de la República”— escucha, responde y solicita propuestas durante encuentros celebrados con el gabinete económico, asesores y técnicos.
La consecuencia inmediata esperada es la creación, en el corto plazo, de un régimen transitorio para recuperar progresivamente los ingresos. Los sindicatos plantean que, una vez alcanzada la estabilización económica, puedan restablecerse las convenciones colectivas y abandonarse el sistema de bonos que hoy sustituye al salario formal.
