Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que continúa ejerciendo sus funciones con normalidad, sus críticos ven un despliegue electoral en la sucesión de ayudas aprobadas antes de las urnas. La Moncloa reivindica la legalidad de los decretos; al mismo tiempo, el PSOE admite que aprovechará todos los instrumentos disponibles para movilizar a sus votantes.
El Ejecutivo ha recuperado los denominados “martes sociales” y prevé utilizar los Consejos de Ministros que quedan antes del 29 de noviembre —al menos seis— para aprobar paquetes destinados a sectores considerados decisivos. Sánchez solicitó a los ministerios que identificaran asuntos pendientes capaces de generar una respuesta favorable entre sus bases y de traducirse rápidamente en mejoras concretas.
Las primeras decisiones benefician especialmente a mujeres, pensionistas y personas con necesidades de cuidados. El decreto aprobado amplía las bajas médicas para trabajadoras con patologías incapacitantes vinculadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan desempeñar su empleo. La ministra Elma Saiz recordó que más de 10,5 millones de mujeres cotizan a la Seguridad Social.
También se refuerza la incapacidad temporal para afectados por catástrofes, que tendrá una cobertura equivalente a la prevista para un accidente laboral. El mecanismo, aplicado excepcionalmente tras desastres como la dana de Valencia, pasará a ser ordinario y alcanzará tanto a empleados como a trabajadores autónomos.
El paquete extiende además la pensión de viudedad a parejas no casadas ni registradas oficialmente que acrediten dos años de convivencia y tengan hijos comunes. Las ayudas CUME para cuidar a menores con cáncer u otra enfermedad grave podrán mantenerse hasta los 26 años cuando el hijo presente una discapacidad superior al 65% o dependencia de grado 3. Los progenitores podrán emplearlas simultáneamente o alternarse.
La vivienda completa la ofensiva social. El Gobierno movilizará 180 millones de euros para promover oferta residencial en 317 municipios declarados como zonas de mercado tensionado en Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia y Asturias. Otros 45 millones se dedicarán a alojamientos asequibles para estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.
Estas decisiones tendrán recorrido parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso, donde el Ejecutivo dispone de una mayoría favorable y ya no necesita de forma imprescindible los votos de Junts. Esa situación permitirá a Sánchez recurrir al Boletín Oficial del Estado como parte de su escaparate político durante la precampaña.
La Moncloa considera que conserva el control de la agenda pese a que el debate inmobiliario ha perdido impulso tras controversias como la dimisión de Montse Mínguez. En su lugar, el PSOE busca confrontar con PP y Vox mediante las pensiones y la visita a España del presidente argentino Javier Milei, presentado junto con Donald Trump como símbolo exterior de los recortes que los socialistas atribuyen a la derecha.
El enfrentamiento con Milei ya fue usado antes de las elecciones europeas, cuando el ministro Óscar Puente lo acusó de consumir sustancias. Ahora Sánchez y otros dirigentes socialistas comparan a PP y Vox con la “motosierra” del mandatario argentino. El origen de esta estrategia está en la convocatoria anticipada de elecciones, impulsada por la crisis de la vivienda, y en la decisión del PSOE de centrar su campaña en el choque entre su gestión y la alianza de derechas.
