Doce horas para comunicar las resoluciones y un máximo de 24 para informar quién puede votar: esos son los plazos que Iustitia Europa propone ante la proximidad del envío de documentación electoral a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La premura responde al calendario señalado por el letrado Luis María Pardo. Según expone, la Junta Electoral Central prevé efectuar entre el 24 y el 30 de octubre la primera remesa de papeletas y demás documentos. El partido considera necesario impedir que ese reparto permita votar de hecho a personas cuya inscripción sigue bajo suspensión judicial, sin perjudicar a quienes cuenten con una certificación consular que los exceptúe.
Con ese objetivo, Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo medidas urgentes para ejecutar el auto del 12 de octubre. Esa resolución confirmó la suspensión del censo vinculado a la llamada «ley de nietos» mientras se revisan y clasifican los expedientes de inscritos en el CERA.
La depuración debe diferenciar entre quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática y aquellos que lo hicieron al amparo de la controvertida instrucción de Sofía Puente, a la que el partido atribuye haber alterado la norma sin seguir el procedimiento legislativo.
La petición fue formulada durante el plazo de alegaciones de 24 horas concedido por el Supremo después de que la Oficina del Censo Electoral reconociera que Exteriores no le facilita los datos. Iustitia Europa quiere que la Junta Electoral Central y las instituciones competentes identifiquen tanto las inscripciones suspendidas como las personas autorizadas a sufragar mediante certificado consular.
El escrito recuerda que la Sala ya constató en octubre que el cumplimiento de la orden para separar los expedientes era «inexistente o, al menos, desconocido». No había constancia suficiente, según esa apreciación, de cuáles habían sido efectivamente desglosados y clasificados. Por ello, la formación reclama cifras sobre los casos suspendidos, los exceptuados y los todavía pendientes.
También propone que la Oficina del Censo Electoral, los consulados y las juntas electorales manejen información coincidente y actualizada hasta el escrutinio. Las certificaciones deberían registrarse con las fechas y horas de emisión, recepción e incorporación al sistema. Además, plantea controles antes de considerar válido cada sufragio y otra comprobación previa a su cómputo.
La Letrada de la Administración de Justicia tendría que notificar las decisiones a la Junta Electoral Central, la Oficina del Censo Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares. Esos organismos deberían detallar después los afectados, los expedientes separados, los pendientes, los certificados emitidos y los registros consulares responsables.
La solicitud se apoya en los artículos 103.3 y 134.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De manera subsidiaria, si la Administración incumple los plazos o no logra determinar con certeza las inscripciones suspendidas, el partido pide paralizar para las elecciones generales del 29 de noviembre las operaciones y los efectos electorales del voto CERA de todos los beneficiarios de la «ley de nietos», salvo quienes dispongan de certificación consular.
La consecuencia práctica alcanzaría todo el proceso, desde el envío de la documentación hasta el recuento. Iustitia Europa solicita además que autoridades y funcionarios sean advertidos sobre las posibles consecuencias de un incumplimiento, incluidas las medidas coercitivas del artículo 112 y, únicamente si se cumplen los requisitos legales, eventuales responsabilidades penales.
