De un lado están los alrededor de 360.000 migrantes que, según cifras oficiales, lograron que sus procesos quedaran en suspenso desde 1990. Del otro lado están los jueces de inmigración, que a partir de ahora estarán obligados a decidir cada expediente en vez de postergarlo de forma indefinida.
La Corte Suprema de Estados Unidos se inclinó este martes por la posición de la Casa Blanca con una resolución corta y sin firma. Los magistrados resolvieron no restituir la norma que autorizaba a suspender ciertos trámites de expulsión, un revés para quienes buscaban conservar ese mecanismo.
Esa figura, conocida como cierre administrativo, permitía dejar los casos fuera de la agenda activa para aliviar la acumulación en los tribunales migratorios. En la práctica, el expediente no se resolvía ni a favor ni en contra, sino que quedaba congelado mientras las cortes atendían otros asuntos.
El efecto inmediato es que los magistrados migratorios deberán pronunciarse sobre los procesos de expulsión en lugar de diferirlos. La alianza que sellaron en junio el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el Departamento de Justicia pidió eliminar esa regla en todo el país, y el máximo tribunal dejó la puerta abierta a esa postura.
Del lado contrario se movilizaron tres urbes con fuerte presencia migrante: Baltimore, en Maryland, y Columbus, en Ohio, junto a New Haven, en Connecticut. Esas ciudades, acompañadas por una organización dedicada a la defensa de migrantes, intentaron acudir a los tribunales para que la disposición continuara vigente.
Sus planteamientos fueron desestimados en instancias inferiores, lo que llevó el diferendo hasta Washington. Durante el litigio, sectores demócratas sostuvieron ante la corte que expulsar a inmigrantes en situación irregular generaría un gasto para los contribuyentes, un argumento que no prosperó. Grupos de defensa de derechos humanos insisten en que el instrumento protegía a parte de los extranjeros y frenaba expulsiones.
El choque nació con una directriz impulsada en la etapa del demócrata Joe Biden, que apostaba por archivar expedientes como vía para reducir la carga de trabajo. Al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump anunció que su Administración ya no respaldaría esa política y Texas la demandó ante una corte federal de ese estado, dando inicio a la batalla legal que ahora se definió en la instancia más alta.
