Millones de conductores podrían enfrentar trámites más simples y costos menos onerosos si prospera la reforma al Código Nacional de Tránsito que prepara el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La iniciativa también pretende elevar la seguridad en las carreteras y frenar cobros que, según el Ejecutivo, resultan desproporcionados frente a los ingresos de los colombianos.
El paso inmediato sería llevar el proyecto al Congreso. Durante el IV Congreso de Andemos, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que el Gobierno espera concluir la elaboración del texto el 30 de noviembre para radicarlo el 1 de diciembre. El calendario anunciado, sin embargo, corresponde por ahora a una previsión oficial.
Antes de esa presentación, el Ministerio busca recibir propuestas de ciudadanos y sectores interesados. Noguera convocó a participar a través de la página web de la entidad, las redes sociales y los encuentros regionales. La funcionaria planteó la reforma como una construcción colectiva destinada a corregir problemas acumulados en la normativa vigente.
La urgencia del cambio también está relacionada con la mortalidad en las vías. De acuerdo con las cifras expuestas por la ministra, durante lo corrido de este año mueren diariamente 26 personas en promedio por accidentes de tránsito. Noguera sostuvo además que cerca de 8.700 personas perdieron la vida por esa causa en 2025.
El costo de los procedimientos constituye otra de las razones presentadas por el Gobierno. Entre los gastos cuestionados están la expedición de licencias de conducción, el servicio de grúa, la permanencia en patios y la inscripción de vehículos. La ministra advirtió que algunos propietarios terminan abandonando automóviles y motocicletas porque recuperarlos puede resultar más caro que dejarlos en esos lugares.
La propuesta deberá establecer mecanismos para impedir esos abusos y aliviar la carga económica de los usuarios. También contempla incorporar tecnologías orientadas a proteger a quienes circulan por los corredores del país, aunque todavía no se han detallado los dispositivos, sistemas o herramientas específicas que serían incluidos en el articulado.
La reforma forma parte de los cambios regulatorios que desarrolla el Gobierno de De La Espriella para modernizar la legislación de tránsito. Sus prioridades declaradas son disminuir las muertes, proteger las finanzas de los ciudadanos y hacer más eficientes las gestiones relacionadas con vehículos y conductores.
Aún se desconoce el contenido definitivo del proyecto, el alcance concreto de las reducciones de costos y cuáles normas vigentes serán modificadas. Tampoco está claro qué respaldo encontrará la iniciativa en el Congreso ni cuánto tardaría su discusión. La fecha del 1 de diciembre marca la meta de radicación, pero la aprobación y los efectos reales de la reforma permanecen pendientes.
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