Cuba importó más de 110.000 barriles diarios de combustible entre julio y agosto, según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El volumen rebasa los suministros subsidiados que Venezuela enviaba durante la primera década de los años 2000, pero empleados y funcionarios de servicios esenciales aseguran que ese flujo no se ha traducido en mejoras para la población.
La magnitud de las compras plantea dudas sobre su destino. Jorge Piñón, analista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, considera que la Unión de Petróleo de Cuba (CUPET) continúa como receptora y distribuidora final, pues sería la única entidad nacional con capacidad para procesar y almacenar tales cantidades. Un funcionario del Ministerio de Energía y Minas atribuyó el mecanismo a GAESA y a compañías particulares utilizadas para encubrir adquisiciones estadounidenses.
La operación se apoya en licencias del Departamento del Tesoro destinadas a negocios privados. Una investigación de CubaNet publicada en febrero sostuvo que MIPYMES vinculadas con la familia Castro y GAESA fueron seleccionadas para importar. De 150 compañías que presentaron solicitudes formales, la mayoría recibió autorización del Consejo de Estado. Entre los casos mencionados figuran Agroindustrial Media Luna, de Ciego de Ávila, y el Proyecto de Desarrollo Local Gaia, propiedad de Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro y Paolo Titolo, que aparece con al menos dos contratos firmados.
En un almacén estatal cercano a la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría (CUJAE), en Marianao, se acumulan recipientes de distintos tamaños. Un empleado explicó que emprendedores suelen adquirir entre 400 y 1.000 litros dos veces al mes, mientras determinadas empresas estatales mueven miles de galones mediante camiones cisterna de CUPET, compañía de GAESA sancionada por Washington. Parte del producto, añadió, termina en gasolineras de CUPET presuntamente arrendadas por MIPYMES.
Un especialista de CUPET afirmó que ocho de cada diez litros que ingresan al país quedan bajo control estatal. Otro funcionario señaló que, pese a las cantidades récord recibidas en julio, agosto y septiembre, la Empresa Eléctrica distribuye el combustible en porciones insuficientes. Desde septiembre se asignan fuel oil y diésel a grupos electrógenos, pero no para activar los 1.400 watts disponibles: en algunas jornadas solo operan entre 100 y 200 watts.
Según esa fuente, únicamente una zona de La Habana experimentó una reducción de los apagones, que pasaron de más de 20 horas diarias a entre 12 y 15. En el resto del país, los cortes pueden prolongarse durante varios días. Salud Pública tampoco habría recibido cantidades relevantes: existen hospitales con generadores detenidos o sin combustible, mientras las cirugías permanecen suspendidas salvo las urgentes.
El deterioro también alcanza la recogida de basura. Un directivo municipal de Comunales indicó que en 2015 comenzó una reducción gradual del 30% frente a las asignaciones anteriores; en 2019 el recorte llegó al 60% y, entre 2024 y 2025, la entrega era 80% inferior a la de 2014. Tras las restricciones de Trump, algunas dependencias recibieron apenas cientos de litros semanales.
En el transporte habanero, un empleado relató que las rutas principales pasaron de intervalos de diez o 20 minutos a frecuencias de hasta tres horas. Este año hubo un mes completo sin servicio en su terminal y en septiembre solo se asignó diésel para una salida matutina y otra vespertina. Las declaraciones apuntan a una misma implicación: mientras el Estado conserva la infraestructura y el control sobre importaciones de gran escala, los sectores que atienden necesidades básicas continúan funcionando con combustible mínimo y sin beneficios proporcionales al volumen adquirido.
