Quedarse sin capacidad para comprar comida, pagar una clínica o sostener a su familia es lo que enfrentan hoy miles de militares venezolanos en retiro. Después de más de 30 años de servicio, describen ingresos de indigencia que no alcanzan para una vida digna. La dictadura que controla el poder en Caracas los dejó sin el sistema de bienestar que antes los protegía y ahora sobreviven entre bonos parciales y pagos mínimos.
Los firmantes detallan sueldos básicos que apenas llegan a dos dólares mensuales para un general, alrededor de un dólar y medio para un coronel y cerca de un dólar con veinte centavos para un sargento. El salario mínimo general se ubica en 130 bolívares al mes, unos 14 centavos de dólar, frente a una cesta alimentaria que ronda los 900 dólares. Esa brecha, afirman, coloca a los trabajadores venezolanos entre los peor remunerados de la región.
El deterioro se nota al comparar con el pasado. Recuerdan que hasta 2013 los aguinaldos se liquidaban sobre el sueldo integral y un efectivo podía recibir en promedio unos 3.000 dólares por tres meses, un beneficio que consideran un derecho adquirido. Ahora, señalan, el IPSFA liquidó sobre una base de seis dólares más una asignación de 222 dólares por el Sistema Patria, mientras la remuneración integral mensual para sostener a una familia ronda los 240 dólares.
El hecho que detonó la denuncia pública fue una comunicación escrita enviada al ministro de la Defensa, general en jefe Gustavo Enrique González López, extensiva al Alto Mando Militar y al presidente del IPSFA, general de división César Augusto Febres Cabello. En el texto, retirados de la Fuerza Armada Nacional y familiares con derecho a bienestar social describen como compleja la crisis económica que atraviesan y afirman que fueron humillados con el pago de los aguinaldos.
En esa misiva sostienen que les corresponden por derechos adquiridos aguinaldos de mínimo 960 dólares, equivalentes a cuatro meses sobre el sueldo integral, y no montos por debajo de un mes de remuneración. Con ese reclamo como bandera, convocaron a una concentración para el lunes 16 de noviembre, a las 11 de la mañana, en las sedes regionales del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y en la sede principal de Caracas, en solidaridad con los empleados públicos que también protestan y en respaldo al paro nacional.
El documento invoca la Constitución para exigir una vida digna. Cita el artículo 3 sobre el respeto a la dignidad y el bienestar del pueblo y se pregunta si es justo someter a la mendicidad a quien sirvió a la patria por tres décadas o más. También invoca el artículo 89, que protege la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, para señalar que el esquema de bonificación vulnera la Carta Magna, y el artículo 91 sobre el salario mínimo vital para cubrir las necesidades del trabajador y su familia.
Entre las peticiones concretas están restituir los cuatro meses de aguinaldo sobre el sueldo integral, aumentar las pensiones según la Constitución y la ley, y cancelar con urgencia el llamado bono de corresponsabilidad y formación. Piden además habilitar Seguros Horizonte, que califican de casi inexistente, porque las primas no guardan relación con los ingresos, la cobertura de hospitalización no funciona y las clínicas privadas no los reciben.
El cierre del reclamo es institucional y apunta a quién debe administrar los recursos. Sostienen que por mandato constitucional la Fuerza Armada debe contar con un sistema propio de seguridad social y que el artículo 74 de la ley del sector garantiza la autonomía en el manejo de los fondos de pensiones. Por eso defienden que la competencia es exclusiva del IPSFA y no de la Oficina Nacional de Presupuesto, y recuerdan que los artículos 30 y 31 definen los programas que debe ejecutar ese instituto, mientras el artículo 39 de la llamada Ley Negro Primero ordena homologar las remuneraciones de retirados con las de activos.



