Más de 2.681.770 personas permanecían a comienzos de noviembre sin acceso estable al agua potable en la isla, equivalentes al 34,5 % de los habitantes. La magnitud revela que no se trata de una falla aislada de una tubería ni de un barrio, sino de una carencia extendida que alcanza a uno de cada tres residentes.
Ese alcance se explica, según los propios datos oficiales citados, por la dependencia absoluta del bombeo eléctrico. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos atribuyó dos tercios de las interrupciones del recurso a los cortes de corriente, de modo que cada apagón se convierte de inmediato en sed, en insalubridad y en pérdida de alimentos refrigerados.
En ese contexto nacional se inscribe lo ocurrido en Zaza, una comunidad cercana a Placetas, en la provincia de Villa Clara. Allí el suministro se interrumpió el miércoles 11 de noviembre a las 2:00 de la tarde y para el sábado 14 continuaba suspendido, con lo cual las familias superaron las 72 horas continuas sin luz ni agua y sin información sobre cuándo volverían los servicios.
La parálisis del bombeo doméstico dejó a los hogares sin posibilidad de abastecerse, mientras la falta de refrigeración arruinó los alimentos guardados. El impacto golpeó sobre todo a viviendas con niños, incluida una familia con dos niñas pequeñas, y alimentó la indignación porque otros circuitos próximos conservaron la electricidad mientras Zaza permanecía a oscuras.
Vecinos del lugar reclamaron respuestas y denunciaron que las autoridades justificaron la prolongación por un “elevado déficit eléctrico”. El creador de contenido Ruben Carrillo difundió en Facebook la queja de los residentes y preguntó “¿Hasta cuándo tendrán que soportar estas condiciones las familias de Zaza?”, interrogante que expuso el agotamiento provocado por los cortes de larga duración.
El episodio ocurre bajo un esquema de racionamiento que la Empresa Eléctrica de Villa Clara puso en vigor el 5 de noviembre, con apenas seis horas nocturnas de corriente cada diez días por bloque de circuitos, sin compensación cuando el turno se incumple. Ese reparto profundizó las acusaciones de desigualdad, porque mientras algunos sectores mantienen el servicio, otros encadenan jornadas completas sin energía.
La crisis no es exclusiva de Zaza. En San Francisco de Paula, en La Habana, residentes afirmaron llevar más de un mes con alrededor de una hora diaria de electricidad. En Santa Clara, una habitante denunció que media cuadra superaba las 24 horas sin corriente por la caída de un cable, sin respuesta de la empresa encargada.
Para el sábado, la Unión Eléctrica preveía una afectación cercana a los 1.900 MW en el horario de mayor consumo, con una generación disponible capaz de cubrir apenas cerca de un tercio de la demanda nacional. En julio, el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, había admitido una “conducta indebida” en el sector y la atribuyó a “cuatro o cinco” trabajadores. Sin alimentos, sin agua, sin cronograma y sin responsables señalados por la dictadura cubana, los hogares de Zaza quedaron a la espera de una normalización sin fecha, con el desgaste cotidiano como único saldo cierto.



