Para millones de cubanos que hoy pagan más por los alimentos, reciben salarios que no alcanzan y pasan horas sin electricidad, la posibilidad de opinar llega tarde y sin efecto real sobre lo que ya les descuentan del bolsillo.
Las quejas que logren enviarse por internet caerán sobre subsidios recortados, tarifas modificadas, impuestos nuevos y reglas que ya ordenan la vida de trabajadores, jubilados, consumidores, empresas estatales y negocios privados.
El intento de participar choca además con una barrera elemental: conectarse. En provincias como Santiago de Cuba el apagón apaga también las antenas y deja a familias enteras, ancianos y pobladores rurales fuera de cualquier debate digital.
El hecho que la dictadura cubana presenta como apertura ocurrió en los primeros días de noviembre, cuando activó el portal Soberanía para recibir criterios, dudas y sugerencias sobre el programa económico de 176 propuestas.
Ese programa había sido impuesto el 17 de junio de 2026 por un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, dividido en 23 ejes y validado después por el Buró Político, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros, sin que la ciudadanía conociera el texto completo ni pudiera proponer alternativas antes de la aprobación.
Desde junio la dictadura convirtió el plan en obligaciones mediante leyes parlamentarias, decretos-leyes, decretos, resoluciones ministeriales y otras disposiciones sobre organización empresarial, ingresos, ayudas estatales, propiedad, tributos, precios y servicios públicos.
Al 10 de noviembre ya sumaba 172 transformaciones con políticas y trámites definidos y 231 disposiciones jurídicas, de las cuales 131 aparecían publicadas en la Gaceta Oficial. Los números no prueban que la economía mejore, pero confirman que la consulta aparece cuando la maquinaria legal estaba muy avanzada.
La propia dictadura admitió problemas para aplicar los cambios y una distancia evidente entre el papeleo cumplido y la mejoría que la población debería sentir en su mesa y en sus cuentas. Tampoco aclaró qué pasará si muchos ciudadanos rechazan una medida puntual, si eso obligará a modificarla, derogarla o revisarla, ni con qué reglas se evaluarán las críticas.
El diseño aumenta el peligro de manipulación, porque la misma estructura que impone las preguntas clasifica las respuestas, interpreta las tendencias y decide las consecuencias. Así, cifras de participación podrían mostrarse como apoyo social a decisiones ya tomadas, incluso cuando incluyan rechazo.
En el plano legal, la Constitución de 2019 reconoce en su artículo 80 las consultas populares y otras vías de intervención, impone en los artículos 10 y 101 deberes de atención, respuesta, control popular y transparencia, y deja en el artículo 108, inciso c, que la Asamblea Nacional ordene una consulta previa de leyes cuando lo estime oportuno, de modo que la falta de consulta inicial no anula por sí sola el paquete.
Para que el mecanismo fuera creíble tendría que informar cuántos mensajes recibe, cuáles impugnan medidas concretas, con qué criterios se analizan, por qué se descartan recomendaciones y qué vías existen para revisar normas vigentes. Los reportes que genere Soberanía terminarán en manos de las entidades encargadas de esas políticas objetadas.



