Más de 100 periodistas, comunicadores y familiares directos fueron víctimas de acciones represivas en Cuba entre enero y octubre de 2026, de acuerdo con el monitoreo de la organización Cubalex.
La cifra revela que la persecución no es un exceso aislado sino una política sostenida de la dictadura cubana contra toda voz que informe fuera del control oficial. Cada citación, vigilancia o amenaza busca sembrar miedo, forzar el silencio y cortar el vínculo entre los reporteros y la ciudadanía que necesita conocer lo que ocurre en la isla.
En ese contexto se inscribe la denuncia más reciente, que concentra en un solo episodio la brutalidad del sistema: el caso del reportero Vladimir Turró Páez, colaborador del medio independiente CubaNet.
El 12 de noviembre, tres hombres que se identificaron como miembros de la Seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de su madre, en el municipio habanero de La Lisa, y le ordenaron acompañarlos. Lo montaron en un carro particular y lo obligaron a mantener la cabeza pegada al piso durante todo el recorrido, una postura que le provocó un fuerte dolor en la espalda.
Lo llevaron a un área de monte, lejos de la zona urbana. Allí, según su testimonio, un agente preparó un teléfono para filmarlo mientras otro exhibía una pistola, sacaba y metía el cargador y le exigía que dijera frente a la cámara que dejaba CubaNet y el periodismo libre. Turró contó que guardó silencio y que temió por su vida porque ignoraba si el arma tenía balas.
La retención se prolongó por alrededor de diez horas. Después del amedrentamiento en el monte, fue trasladado a la Sexta Unidad de la Policía, donde un instructor procedente de Villa Marista, sede central de la policía política de la dictadura cubana, le impuso un acta de advertencia. En ese documento le ordenaron abandonar su trabajo informativo y lo amenazaron con abrirle un proceso penal por supuesta usurpación de capacidad legal si persistía en reportar.
Pese a la coacción, el comunicador aseguró que seguirá reportando en las calles con su celular como herramienta de trabajo, porque considera que informar no es delito. El ataque ocurrió dos días después de que se negara a acudir a una citación hecha por teléfono para presentarse en Villa Marista, al exigir que le entregaran una orden escrita como establece el procedimiento.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ya había clasificado esa citación como hostigamiento y acumula 15 agresiones contra Turró desde abril de 2024, entre seguimientos, convocatorias, intimidaciones y ataques. Cubalex condenó lo sucedido como violación de la libertad de expresión, de prensa y de la integridad personal, y reclamó el fin de las represalias contra reporteros libres.
El Observatorio anunció que registrará el episodio como detención arbitraria, agresión psicológica y uso abusivo del poder, categorías que describen el método habitual de la dictadura cubana para aniquilar el periodismo independiente. Mientras el aparato represivo apunta con pistolas y cámaras para fabricar renuncias, cada denuncia como la de Turró deja al descubierto ante el mundo que en Cuba informar con libertad se paga con amenazas de muerte y cárcel.



