La cuenta ya está sobre la mesa y no cierra: América Latina y el Caribe disponen de unos 17.230 millones de dólares al año para cuidar su patrimonio natural, frente a una necesidad estimada de 170.217 millones. La diferencia, de 152.987 millones anuales, equivale a alrededor de 2,1% del producto regional y deja a Centroamérica en una posición especialmente frágil, porque sus proyectos de conservación dependen en buena parte de cooperación, recursos concesionales y banca multilateral.
El diagnóstico parte de una realidad productiva. Selvas, humedales costeros, corrientes fluviales y espacios oceánicos del istmo sostienen la siembra, la captura pesquera y la visita de viajeros. Sin esos servicios, advierten los técnicos, se estrecha la base que alimenta empleos e ingresos locales. El informe regional que cuantifica el faltante tomó registros fiscales de siete naciones istmeñas y concluyó que donde el fisco es más estrecho o la exposición ambiental es mayor, el peso del dinero de afuera crece.
Al mirar dónde se concentra el esfuerzo pendiente, el peso no está solo en declarar más parques. Mudar la agricultura y la pecuaria hacia métodos compatibles con el entorno absorbe 58,9% de lo requerido, porcentaje que trepa a 67,2% cuando se suma el saneamiento de aguas en ciudades. En materia hídrica, proteger las cuencas analizadas exigiría entre 3.057 y 8.263 millones de dólares cada año para el conjunto de la muestra, según se trate apenas de resguardar nacientes en zonas clave o de avanzar además en reforestación, arreglos agrosilvopastoriles y adecuación de suelos para siembras forestales. Para Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, el agua aparece así como el eslabón más visible de la carencia.
El parámetro utilizado es el compromiso global de Kunming-Montreal, suscrito dentro del Convenio sobre Diversidad Biológica, que plantea resguardar al menos 30% de las superficies terrestres y marinas hacia 2030, recortar la contaminación y reconvertir faenas extractivas. La urgencia económica es directa: 56% del producto latinoamericano y caribeño depende en grado intermedio o elevado de la naturaleza, y un menoscabo parcial de sus funciones podría costar el equivalente a 3,4% del PIB, de acuerdo con las estimaciones recopiladas.
Hoy el sostén proviene sobre todo del erario. Fondos estatales internos y externos cubren 55% de los caudales destinados a resguardo, recuperación y aprovechamiento sustentable, mientras los esquemas mixtos aportan 27% y el capital estrictamente privado apenas 18%. La porción foránea incluye ayuda oficial bilateral y multilateral junto a otras partidas estatales provenientes del exterior, calculadas a partir de estadísticas de Cepalstat, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades multilaterales.
Para las naciones del istmo, ese andamiaje significa que intervenir en reservas, cuencas, esteros de mangle o corredores de fauna suele exigir un aporte de afuera, ya sea como desembolso directo o como respaldo para apalancar presupuestos propios, crédito de desarrollo e inversión particular.
De cara a 2030, el documento identifica tres ventanillas con margen para canalizar el auxilio: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad y el Fondo de Cali. Plantea que los giros foráneos tendrían que expandirse, aunque admite trabas de acceso, formulación de iniciativas, ejecución y control institucional. El texto retoma además el análisis de 2025 del grupo Expert Review on Debt, Nature and Climate sobre una triple tensión de clima, endeudamiento y pérdida de especies, que vuelve más relevante el respaldo internacional cuando los gobiernos deben atender al mismo tiempo varias exigencias fiscales. Incluso en una hipótesis ambiciosa de movilización de 113.286 millones adicionales por año, el hueco solo se achicaría 74% y seguiría abierto.



