Los ₡12,4 billones en juego, equivalentes a unos 27.000 millones de dólares, representan todo el gasto público que Costa Rica había programado para 2027. Esa dimensión convierte cualquier interrupción del trámite en un choque institucional, porque sin esa ley no hay salarios estatales, ni operación de ministerios, ni financiamiento asegurado para la justicia.
Dentro de esa bolsa gigantesca, el punto sensible es mucho más pequeño pero decisivo: unos ₡29.843,8 millones, alrededor de 65 millones de dólares, asignados al sistema de justicia. Esa porción equivale a 5,6% de los recursos del Poder Judicial y quedó sujeta a exigencias administrativas y de control previo, lo que para los jueces pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
El acontecimiento central se produjo el lunes 9 de noviembre, cuando la Sala Constitucional dispuso paralizar la aprobación final del expediente legislativo 25.754. La decisión acogió una gestión de protección inmediata impulsada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, quien alertó sobre el efecto de varias reglas de ejecución presupuestaria en la labor de los tribunales.
La orden fue firmada por el magistrado Fernando Cruz Castro en su condición de presidente interino del tribunal constitucional. El mandato impide a la Asamblea Legislativa realizar la votación en segundo debate antes del 29 de noviembre de 2026, aunque el texto ya había superado una primera votación el 5 de noviembre con 31 apoyos frente a 23 rechazos.
La medida no declara inconstitucional el presupuesto ni anula su contenido. Se trata de una suspensión temporal para que los magistrados puedan estudiar la impugnación antes de que la iniciativa se transforme en ley, de modo que el control de constitucionalidad ocurra sin cerrar la puerta a una aprobación dentro del plazo.
El desacuerdo se concentra en las normas de ejecución identificadas con los números 9, 10, 11 y 12. Una condiciona el uso de los fondos judiciales, otra restringe los traslados de dinero entre partidas y las restantes imponen requisitos para pagos complementarios y para cubrir vacantes. Según lo planteado por Vargas, ese esquema podría incidir en unos 2.463 cargos, entre ellos 810 del Organismo de Investigación Judicial.
La Corte también señaló riesgos para las oficinas regionales de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez, además de trabas para comprar equipamiento destinado a las pesquisas policiales. Esos escenarios fueron expuestos como peligros advertidos por el Poder Judicial, no como cierres de sedes ni despidos ya aplicados.
El otro eje del conflicto es procedimental y gira alrededor del artículo 167 de la Constitución Política. La judicatura sostiene que las reglas que modifican su organización debieron consultarse y que apartarse de su opinión exigía 38 votos, mientras la presidenta legislativa, Yara Jiménez, defiende que el presupuesto sigue un régimen especial que no requería esa mayoría calificada.
Las implicaciones inmediatas son de calendario y de negociación política. El magistrado Cruz tuvo presente que el artículo 178 obliga a dejar aprobado el presupuesto ordinario antes del 30 de noviembre, por lo que la pausa busca compatibilizar la revisión judicial con el cierre del período legislativo. El mismo día de la resolución, Vargas se reunió en Casa Presidencial con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien propuso una mesa técnica para ajustar las disposiciones controvertidas. Ambas aclararon que no se pedía más dinero, sino condiciones viables para emplear lo ya asignado, mientras el proyecto queda pendiente de segundo debate y del pronunciamiento de fondo de la Sala.



